La Junta de Castilla y León recibió 590 solicitudes de acceso a información pública en 2024. Este derecho está protegido por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. La Dirección General de Transparencia se encarga de gestionar estas solicitudes, que provienen de ciudadanos interesados en datos específicos.
De las 590 solicitudes, solo se desestimaron 4, lo que representa un 0,6% del total. Un 75% de las solicitudes fueron atendidas positivamente. Sin embargo, 58 solicitudes fueron inadmitidas por diversas razones, como la falta de información pública o la necesidad de reelaborar datos.
Este año, el número de solicitudes ha disminuido por segundo año consecutivo, pasando de 832 en 2022 y 728 en 2023 a 590 en 2024. Esta reducción se debe a la mejora en la gestión de solicitudes y al aumento de información disponible en los portales de Transparencia y Datos Abiertos.
Además, se han realizado 546 reclamaciones, de las cuales solo un 28% corresponde a la Administración General de Castilla y León. La formación del personal en la identificación de solicitudes ha sido clave para mejorar el acceso a la información. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subraya la importancia de estos datos para fortalecer la confianza en las instituciones.
