El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha solicitado la modificación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, impulsada por PSOE y Vox, advirtiendo de posibles problemas legales. Según el dictamen del Consejo Consultivo, esta ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, lo que significa que incluir vetos a medios condenados por sentencia firme podría ser legalmente inválido. Además, el informe critica la limitación del 33% de la facturación anual que un medio puede recibir en contratos de publicidad institucional, considerándolo arbitrario y en contra de la libre competencia.
El Consejo también señala que estas restricciones vulneran el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, invadiendo competencias exclusivas del Estado. A pesar de los riesgos legales, la Junta de Castilla y León debe aplicar la ley. El Colegio se reunirá con la Dirección de Comunicación de la Junta para discutir su implementación y retomará contacto con los grupos parlamentarios en busca de consensos necesarios para enmendar la legislación, ya que su aplicación puede amenazar la pluralidad informativa en la región.
