El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la última actualización del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL), aprobada en 2022 por la Junta. La sentencia respalda una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sosteniendo que el proceso no cumplió con los requisitos legales necesarios. Entre las irregularidades detectadas, se destaca que la actualización se realizó sin la correspondiente evaluación ambiental y sin incluir a organismos relevantes, como el Consejo Regional de Medio Ambiente y el Consejo Económico y Social.
La decisión tiene implicaciones significativas en Burgos, especialmente ante el proyecto de incineración de residuos de la empresa pública Somacyl, que ha suscitado críticas por parte de grupos ecologistas. Ecologistas en Acción argumenta que esta práctica no es la solución adecuada y proponen priorizar medidas más sostenibles como la mejora en la recogida selectiva y el reciclaje.
Asimismo, se pone de manifiesto que la política de gestión de residuos en la región ha favorecido la incineración y los vertederos, haciendo de Castilla y León un destino para residuos peligrosos de otras comunidades. Por todo ello, la organización ecologista exige la elaboración de un nuevo Plan Integral que respete la legislación y priorice la sostenibilidad.
