El Consejo Consultivo de Castilla y León ha publicado un informe que sugiere la posible inconstitucionalidad de cinco aspectos de la ley de Publicidad Institucional, aprobada en junio en las Cortes. La Junta, liderada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su preocupación debido a «ambigüedades y vacíos técnicos» en la normativa. Una de las principales críticas es la exclusión de medios condenados en firme para recibir contratos de publicidad, lo que podría vulnerar competencias autonómicas y la Constitución.
Otra cuestión señalada es la limitación del 33% de ingresos por publicidad institucional en relación a la cifra de negocio anual de los medios, que podría considerarse arbitraria y discriminatoria. El dictamen subraya que esta medida agrava la incertidumbre en su aplicación y podría amenazar la viabilidad de pequeños medios locales.
Ante esto, se requiere que las empresas afectadas recurran a los tribunales si consideran que la ley infringe derechos. A pesar de las advertencias del Consultivo, la nueva ley es obligatoria para la Junta, lo que deja un escenario complejo para su implementación.
