El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado esta semana la instalación de pavimento podotáctil en varias calles. Este proyecto, anunciado en 2023, busca facilitar la movilidad de las personas invidentes. La instalación se completará en menos de dos meses y costará más de 94.700 euros.
Sin embargo, ha surgido confusión sobre la responsabilidad del Ayuntamiento en relación con las terrazas. Aunque se ha mencionado que el Ayuntamiento es responsable de las terrazas ilegales, la normativa establece que las fachadas deben estar despejadas de obstáculos. Esto implica un espacio mínimo de 1,80 metros.
La nueva normativa permite que, donde haya pavimento podotáctil, se autoricen terrazas pegadas a las fachadas. No obstante, el Ayuntamiento no está obligado a instalar este tipo de pavimento. Solo se instalará en algunas calles designadas como «zonas singulares», lo que podría generar desigualdades en la accesibilidad en la ciudad.
