El funcionamiento de los tres Juzgados de lo Social de Burgos, que atienden asuntos de toda la provincia, se ha visto afectado desde la supresión del juez de refuerzo el pasado 30 de junio. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado recientemente el “colapso” y la sobrecarga de trabajo en estos órganos judiciales, agravada por la no prórroga del magistrado Carlos Díaz Armiño, que ejercía en comisión de servicio.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) solicitaron en julio al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsiderase la decisión de no autorizar la continuidad del juez de refuerzo. La falta de este apoyo ha provocado la reprogramación de juicios previstos hasta diciembre, con señalamientos que se extienden hasta 2027.
Julia Manero, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Burgos, señala que los tiempos de espera para juicios han vuelto a superar el año, afectando especialmente a casos urgentes como despidos. CCOO reclama la restitución inmediata del juez de refuerzo y una solución estructural, como la creación de un cuarto juzgado, demanda histórica de los operadores jurídicos.
La carga de trabajo en estos juzgados ha sido elevada desde 2017, con cifras que superaron los 3.600 asuntos en el último año, frente a los aproximadamente 2.700 de años anteriores.
